“La divulgación científica es una obligación de los Estados”

Dos sucesos trágicos marcaron el final de la II Guerra Mundial: el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki y el conocimiento de los horribles experimentos médicos realizados por los nazis en los campos de concentración. Ambos hechos pusieron de manifiesto el potencial de destrucción de la ciencia de la época. Pero también marcó un punto de inflexión en su relación con el conjunto de la humanidad.

En 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 19 estableció la libertad de investigación y el artículo 27 protegió el derecho a participar y a beneficiarse del progreso científico. La comunidad internacional asumió así el carácter dual de la investigación, que también puede ofrecer innumerables ventajas y avances. Así, reconoció el llamado derecho humano a la ciencia, que fue incluido posteriormente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

El contenido del derecho humano a la ciencia, clasificado dentro de los derechos culturales, ha pasado ampliamente desapercibido durante décadas. A día de hoy, sin embargo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas trabaja en la redacción de un Comentario General sobre este derecho. El objetivo, según Adela Díaz, directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores, es aclarar qué significa exactamente su contenido. Además, este esfuerzo permitirá determinar las obligaciones que los Estados firmantes del Tratado internacional de 1966, entre ellos España, contrajeron.

Díaz hizo esta alusión en un evento organizado por el Ministerio de Ciencia e Innovación el pasado 5 de febrero, al que asistió la Asociación Española de Comunicación Científica. La jornada, presentada por el ministro Pedro Duque, tuvo como objetivo explicar el trabajo realizado a nivel internacional sobre el desarrollo de este derecho. En ella participó Mikel Mancisidor, relator para el Comentario General sobre Ciencia y Derechos Humanos, que explicó los orígenes de este derecho. El borrador preparado por Naciones Unidas, que puede consultarse online, está abierto para que toda aquella persona interesada pueda hacer llegar sus observaciones y propuestas hasta el próximo 14 de febrero.

El derecho humano a la ciencia es un viejo derecho que presenta ante sí un gran futuro. Y también cuenta con importantes implicaciones, tanto para la comunidad académica, como para la sociedad y los profesionales de la comunicación científica. De ello debatieron José María Carrascosa, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, y Carmen Magallón, presidenta de la Fundación SIP – Seminario Internacional para la Paz. Entre otros temas, los expertos abordaron la publicación de los resultados de las investigaciones, el fomento de las vocaciones científicas y cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual e industrial.

La redacción del Comentario General sobre el derecho humano a la ciencia servirá de guía para que los países puedan aplicarlo de forma efectiva. También será un punto de inflexión importante en la transmisión del conocimiento. Y ello porque hace más de medio siglo, países de todo el mundo reconocieron, a través del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, su deber de conservar, desarrollar y difundir la ciencia. Para Mancisidor no hay duda: “la divulgación científica es una obligación de los Estados”. Que así sea.

Escrito por:

Redactora de ciencia en la Fundación Ciudadana Civio

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